Ciudad de México, 16 may (EFE).- México rebasó la cifra de 100.000 personas desaparecidas desde que existe registro en 1964 con un panorama de visibilización de las víctimas y sus familiares, pero ante índices de impunidad alarmantes y promesas de las instituciones “sin cumplir”, aseguraron a Efe expertos.
“Lo más importante es que son 100.000 personas que están siendo buscadas por sus familias, que están en todo lo largo del país, porque las desapariciones en México son generalizadas, además son desapariciones que continúan sucediendo, no se trata de una herencia del pasado como se ha querido decir”, dijo en entrevista con Efe María Luisa Aguilar, coordinadora del área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El lunes se superó esta cifra, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas desaparecidas o no localizadas, ante lo que las ONG reaccionaron este martes urgiendo al Gobierno a atajar esta lacra que consideraron que va mucho más de la cifra oficial.
La ONU-DH manifestó a través de un comunicado del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) y del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias su “profunda preocupación por el creciente número. (…) Más de 100.000 personas desaparecidas registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora. La cifra habla por sí sola y es una advertencia inequívoca”.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) consideró que “la desaparición no es tema del pasado” y que, a pesar de avances importantes como la Ley general en materia de desaparición, todavía faltan por “implementar mecanismos efectivos”.
En ese sentido se expresó Aguilar, en nombre del Centro Prodh: “Creo que es la falta de una política de Estado que se vea liderado desde las más altas esferas del país y que pueda permear a las distintas autoridades”, sentenció.
La experta consideró que desde hace algunos años esta problemática, además de haberse mantenido en el tiempo, se ha hecho más visible gracias a la sociedad civil y a los familiares de las personas desaparecidas.
Pero este avance no se corresponde con las medidas institucionales que, dijo, “tienen intenciones” individuales. Pero no hay un seguimiento de las propuestas o promesas, tanto presidenciales como por parte de gobernadores estatales o fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías de los estados.
RECOMENDACIONES HISTÓRICAS
El pasado 12 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó desde Ginebra (Suiza) su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021 —una decena de días en los cuales ocurrieron 112 desapariciones—. Se trató de la primera vez que este organismo acudió a investigar sobre el terreno.
El comité hizo un análisis de la situación en México y, entre otras cosas, aseguró en el documento que, aunque el crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en el país, el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad.
Según Aguilar, los resultados que arroja este informe indican que los familiares y ONG llevan años destacando y las recomendaciones también coinciden.
Entre los obstáculos que encuentran las familias y el país para atajar esta situación, la especialista detalló que hay tres claros.
El primero es que las desapariciones van a la par con la crisis de violencia en México —donde en 2021 se registraron 33.308 homicidios—, por lo que no se frenarán las desapariciones mientras no se cambie el rumbo de la política de seguridad en todo el país.
