Nueva York, 8 sep (EFE News).- Inmigrantes en Nueva York pidieron este jueves a la gobernadora Kathy Hochul y a la legislatura estatal hacer cambios al Fondo de los Excluidos, el más grande aprobado en el país para indocumentados que quedaron fuera del rescate federal por la pandemia, ya que miles no han podido solicitar el apoyo porque no pueden reunir los documentos que exige la ley.
“Sin papeles y sin miedo” y “Si nos deportan nos regresamos” gritaban hoy frente a la oficina de Hochul en Manhattan, al reclamar que la gobernadora haga cambios para tener acceso al Fondo, aprobado por la legislatura el pasado abril y dotado con 2.100 millones de dólares del presupuesto estatal.
Esos fondos se lograron tras una intensa lucha en la legislatura y una prolongada huelga de hambre de inmigrantes que perdieron sus trabajos durante la crisis de salud. Aunque se desconoce cuántos podrían beneficiarse, el Instituto de Política Fiscal, una organización independiente y no partidista, estima esa cifra en unas 290.000 personas.
La inmigrante mexicana Gertrudis Herrera, que tiene tres hijos de 17, 10 y 3 años, trabaja por su cuenta como vendedora ambulante y durante un año no generó ingresos. Herrera califica para la ayuda pero no ha podido solicitarla porque se exige una carta de ingresos de un empleador.
Los trabajadores le han pedido a Hochul y al Departamento del Trabajo que les permita presentar una declaración jurada sobre sus ingresos porque algunos como Herrera trabajan por su cuenta y a otros los empleadores se niegan a darles una carta.
Otros rentan dormitorios y aportan además a los gastos del lugar, pero tampoco han podido obtener un comprobante de domicilio del propietario.
“Tuve un año sin trabajar y tuve también covid. No he podido volver a trabajar a tiempo completo por temor a contagiar a mis hijos” con el virus, que aún representa una amenaza con la variante delta, dijo a Efe Herrera, quien dependió de las despensas durante la pandemia, en una protesta organizada por una coalición de organizaciones.
Los grupos han exigido además aumentar el monto del Fondo, que abrió el 1 de agosto el proceso para hacer solicitudes, que los inmigrantes reclamaban fuera de 3.500 millones y que fue reducido a 2.100 millones durante las negociaciones del presupuesto.
También que se realice una campaña educativa para inmigrantes que viven en zonas rurales del norte del estado, entre ellos trabajadores agrícolas, al asegurar que muchos aún no saben del Fondo pese a que califican y no en todos los lugares hay organizaciones para ayudarles.
La asambleísta estatal Marcela Mitaynes, la primera inmigrante peruana elegida en Nueva York, también manifestó su preocupación por los trabajadores. “La vida de un inmigrante es algo que conozco personalmente siendo criada por mis padres y abuelos”, dijo para recordar que durante la pandemia fueron estos inmigrantes los que salieron día a día a trabajar.
De acuerdo con la coordinadora de la coalición, Bianca Guerrero, una prueba de la necesidad “innegable” de la ayuda es que se recibieron 90.000 solicitudes en un periodo de cuatro semanas, de los que 10.000 personas ya han recibido ayuda.
El 99 % de estos recibieron el máximo de 15.600 dólares del Fondo, que se otorga una sola vez.
Guerrero indicó además que ya se han repartido 250.000 dólares de esa ayuda, que estará disponible mientras dure el dinero. Se espera que en los próximas días se repartan otros 600.000 dólares, mientras que otras 40.000 solicitudes están ya en su etapa final pero aún se desconoce cuánto recibirán. El mínimo es de 3.500 dólares.
