Miami, 4 nov (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció este jueves que presentará una demanda judicial contra una medida del Gobierno de Joe Biden que obliga a los empleadores a la vacunación anticovid de su personal al considerarla “inconstitucional”.
La administración del demócrata anunció hoy que las empresas privadas con más de 100 empleados deberán garantizar a partir del 4 de enero que sus trabajadores están vacunados contra la covid-19.
DeSantis, que considera “ilegal” y sin autorización del Congreso la llamada Norma Temporal de Emergencia (ETS, en inglés), dijo que presentará la demanda este viernes ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE.UU., con sede en Atlanta.
El republicano, que buscará la reelección en 2022, ha impulsado una serie de demandas judiciales y leyes en completa oposición al Gobierno Biden principalmente por el manejo de la pandemia, pero también por la política de inmigración.
Según el Gobierno DeSantis, la orden de Biden afectará a casi 9.000 empleadores en Florida y a los 4,5 millones de floridanos que ellos emplean, que constituyen el 60 % de la fuerza laboral del estado.
“El gobierno federal no puede imponer unilateralmente una política médica bajo el disfraz de regulación del lugar de trabajo”, expresó el republicano.
La fiscal general del estado, Ashley Moody, dijo por su parte que la idea es detener la “extralimitación” del demócrata Biden.
Indicó que el presidente “no tiene el poder de imponer políticas de salud” a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo.
En caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deberán someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo.
Se trata de la medida más significativa aplicada hasta ahora en el ámbito laboral contra la pandemia por el Gobierno, ya que puede afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado, según cálculos de la Casa Blanca.
Una segunda medida que también entrará en vigor el 4 de enero es la obligatoriedad de vacunación para todos los trabajadores de los centros médicos que participan en los programas públicos Medicare o Medicaid.
Este segundo mandato afecta a más de 17 millones de trabajadores.
Cerca de un 70 % de la población adulta en Estados Unidos está ya vacunada con la pauta completa, una cifra que ha subido en los últimos meses desde que el Gobierno empezó a poner presión a las empresas para que forzasen a sus trabajadores a recibir el suero.
