Washington, 9 nov (EFE).- La petición de John Ramírez, un preso latino que quiere que un pastor bautista pose sus manos sobre su cabeza y ore en voz alta cuando reciba la inyección letal, llevó este martes ante el Supremo de EE.UU. el debate sobre los derechos religiosos de los condenados a la pena de muerte.
Durante una audiencia, los nueve magistrados del Supremo, de mayoría conservadora, escucharon los argumentos de la defensa de Ramírez, cuya ejecución fue suspendida el pasado 8 de septiembre mientras se estudia su pedido, así como los del Departamento de Justicia y del estado de Texas.
El caso ha enfrentado a quienes defienden el derecho de los condenados a la pena capital a recibir asistencia según su credo religioso en sus momentos finales y a los que consideran estas solicitudes un intento de retrasar las ejecuciones.
Ramírez, de 37 años, fue condenado a muerte en 2008 por asesinar cuatro años antes a puñaladas a Pablo Castro, un trabajador de una tienda en Corpus Christi, a quien robó 1,25 dólares.
Desde entonces, la defensa de Ramírez impugnó la sentencia y su ejecución fue retrasada en dos ocasiones, una en 2017 y otra en septiembre de 2020, esta última debido a la pandemia de la covid-19.
El sujeto ha pedido la presencia de su consejero espiritual, Dann Moore, pastor de la Segunda Iglesia Bautista en Corpus Christi, quien lo ha visitado durante más de cuatro años en prisión.
Sin embargo, este pedido obligará al máximo tribunal estadounidense a decidir si respeta los derechos religiosos de los condenados a muerte incluso ante la posibilidad de que se multipliquen las solicitudes similares, que podrían retrasar o hacer más engorrosas las ejecuciones.
El juez Clarence Thomas puso el tema sobre la mesa, al preguntar si Ramírez está “engañando al sistema” o si se está poniendo en cuestión “la sinceridad de sus creencias religiosas”.
Pero el pedido de Ramírez no ha sido el único. Según la publicación Scotusblog, los jueces han tenido que lidiar con los requerimientos de consejeros espirituales durante los últimos dos años. Incluso, el pasado 21 de octubre, otro preso, Willie Smith III, fue ejecutado mientras su pastor, Robert Wiley, estaba a su lado.
Testigos de la ejecución, según la publicación, dijeron haber visto que el pastor puso su mano sobre la pierna de Smith y al parecer oró por él.
Y en Texas, varios presos han seguido los pasos de Ramírez en las últimas semanas y han solicitado tener presentes a sus consejeros religiosos, lo que ha provocado que sus ejecuciones se aplacen, incluida la del latino Ramiro Gonzales.
En el caso de Ramírez, el estado de Texas y dos tribunales inferiores habían rechazado su solicitud bajo el argumento de que ese hecho podría provocar la interrupción de la ejecución y supondría un riesgo de seguridad.
El procurador general del estado de Texas, Judd Stone, indicó durante su intervención que entre 1982 y 2019 ese estado permitió que los consejeros espirituales tocaran y oraran en voz alta con el prisionero en la cámara de ejecución, pero aclaró que estos acompañantes eran empleados del sistema penitenciario.
Incluso, reconoció que se permite que los prisioneros puedan rezar en voz alta durante su ejecución. No obstante, advirtió de que aceptar la solicitud de Ramírez lo expondría a un riesgo en el momento de recibir la inyección letal.
“Una pequeña cantidad de riesgo puede conducir a una situación que crearía un dolor intolerable para un recluso”, argumentó.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, puso de relieve su preocupación y describió la situación como un “terreno pantanoso”.
Su colega Samuel Alito coincidió con esa tesis, y se preguntó si después de esta demanda no tendrá un “flujo interminable” de casos similares.
“¿Qué va a pasar cuando el próximo prisionero diga que tiene la creencia religiosa de que deberían tocar mi rodilla, deberían tomar mi mano, deberían poner su mano sobre mi corazón, deberían poder poner su mano sobre mi cabeza?”, se cuestionó.
Mientras que el magistrado Brett Kavanaugh, quien fue uno de los más incisivos con sus preguntas, exteriorizó su preocupación de que los condenados “muevan los postes de la portería”, en alusión a un cambio en las reglas de juego.
Fue la magistrada de origen latino Sonia Sotomayor, de tendencia progresista, quien apuntó que el Estado debe abordar “las necesidades de cada persona”.
La defensa, por su parte, destacó la sinceridad de las creencias religiosas de Ramírez, e indicó que en las últimas cuatro décadas han tenido lugar 572 ejecuciones en Texas, y en algunas de ellas se autorizó la presencia de un asesor espiritual.
El Supremo podría decidir sobre este caso en cualquier momento antes de que acabe su periodo de sesiones actual, a finales de junio de 2022.
