Providence, Rhode Island, 5 de octubre de 2023. En una carta urgente dirigida al Director del FBI, Christopher Wray, y al Fiscal General de Rhode Island, Peter Neronha, dos miembros de la Junta Escolar de Providence, Ty’Relle Stephens y Night Jean Muhingabo, han solicitado una investigación independiente sobre presuntas actividades fraudulentas que involucran a la Comisionada de Educación del Estado de Rhode Island, Angélica Infante-Green, y al Departamento de Educación de Rhode Island.
La carta, fechada el 5 de octubre de 2023, revela que una investigación de tres meses realizada por GoLocalProv ha arrojado resultados alarmantes en relación con un contrato otorgado por el Departamento de Escuelas de Providence a la empresa ABM Facilities Services. Este contrato, que recibió la aprobación del Departamento de Educación de Rhode Island y el respaldo subsiguiente de la Junta Escolar de Providence, ha generado serias preocupaciones.
Según la investigación de GoLocalProv, se descubrió que un delincuente condenado fue designado para supervisar el proceso de licitación de un contrato que supera los $70 millones de dólares. Además, se detectó un pago clandestino de $3.2 millones de dólares a un proveedor saliente, con indicios de posible manipulación a favor de una empresa conocida por multas y sanciones significativas debido a diversas violaciones.
El alcalde de Providence, Brett Smiley, expresó sus preocupaciones a GoLocalProv el 4 de octubre de 2023, afirmando que el contrato de $72 millones de dólares de las Escuelas de Providence podría ser “potencialmente ilegal”.
Estos hallazgos parecen ser parte de un patrón recurrente de acciones cuestionables. En agosto de 2022, surgieron pruebas que sugerían la inflación de las tasas de graduación en el programa “Over Aged Under Credited” del Departamento de Escuelas de Providence durante el mandato de la Comisionada Angélica Infante-Green. A pesar de las pruebas concretas, una investigación interna llevada a cabo por el Departamento de Educación de Rhode Island concluyó que no había ocurrido tal inflación. Posteriormente, en una reunión de Supervisión Estatal, la Comisionada Infante-Green anunció la discontinuación del programa.
El 14 de noviembre de 2022, la Junta Escolar recibió una carta anónima de ocho empleados de todo el distrito que alegaban un ambiente de trabajo tóxico creado por el Asesor Principal del Superintendente de Providence. El exmiembro de la Junta, Jesús Núñez, junto con los miembros actuales Night Jean Muhingabo y Ty’Relle Stephens, solicitaron una investigación independiente sobre estas acusaciones. Es importante destacar que el Asesor Principal del Superintendente enfrentó acusaciones similares en dos distritos anteriores. Sin embargo, el Departamento de Educación de Rhode Island optó por llevar a cabo una investigación interna. A pesar de los intentos de obtener actualizaciones sobre este asunto, no hemos recibido respuesta y las funciones del Asesor Principal se han reanudado sin que se haya llevado a cabo ninguna investigación.
En vista de estos problemas profundamente preocupantes y con el fin de mantener la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema educativo, los miembros de la Junta Ty’Relle Stephens y Night Jean Muhingabo solicitan respetuosamente que el Fiscal General de Rhode Island y el Buró Federal de Investigaciones inicien una investigación independiente sobre las presuntas actividades fraudulentas que involucran a la Comisionada de Educación del Estado de Rhode Island, Angélica Infante-Green, y al Departamento de Educación de Rhode Island.
Los miembros de la Junta afirman que están dispuestos a proporcionar toda la información adicional o asistencia necesaria para garantizar una investigación exhaustiva e imparcial. También han enviado copias de la carta a varias figuras importantes, incluyendo al Gobernador de Rhode Island, Daniel Mackee, y al Presidente del Senado de Rhode Island, Dominick J. Ruggerio, entre otros.
Esta solicitud de investigación independiente arroja luz sobre preocupaciones cruciales en el sistema educativo de Rhode Island y plantea interrogantes sobre la integridad de los procesos de contratación y supervisión en el Departamento de Educación del estado. Se espera que esta petición tenga un impacto significativo en el futuro de la educación en Rhode Island y en la rendición de cuentas de sus funcionarios.
