San Juan, 4 nov (EFE).- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la Federación Hispana pidieron este jueves al Departamento de Justicia de EE.UU. y a la Administración de Joe Biden que no se nieguen los programas federales a los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico.
James, de visita en la isla caribeña, solicitó, junto al presidente de la Federación Hispana, Frankie Miranda, que se retire el apoyo del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el denominado caso Vaello-Madero, ahora ante la Corte Suprema de EE.UU..
El caso Vaello-Madero afecta a un ciudadano con esos apellidos, al que el Gobierno federal retiró su beneficio de Ingresos Suplementarios de Seguridad (SSI) por haberse mudado a Puerto Rico.
El SSI es un programa federal que provee beneficios adicionales al Seguro Social para personas ciegas, con necesidades especiales o mayores de 65 años que cumplen con ciertos límites económicos.
Biden anunció el pasado junio que su Ejecutivo seguirá defendiendo ante la Corte Suprema la ley que excluye a Puerto Rico (estado libre asociado de EE.UU.) del programa federal SSI, tal y como hizo su predecesor, Donald Trump (2017-2021).
El mandatario estadounidense sostuvo que, aunque esa ley no encaja con las políticas y valores de su Administración, el Departamento de Justicia está comprometido con la defensa de las leyes que están en vigor en el país, sean cuales sean sus preferencias políticas.
En una conferencia de prensa celebrada en la Escuela Primaria Santiago Iglesias Pantín, en San Juan, James y Miranda llamaron la atención sobre este caso, que determinará si es constitucional negar esa ayuda a los estadounidenses que residen en la isla, Y que de otro modo serían elegibles el acceso a los beneficios del SSI, basándose únicamente en su condición de residentes de Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de EE.UU. o la Samoa americana.
Fallos anteriores de tribunales de distrito y de circuito determinaron excluir a los puertorriqueños y residentes de otros territorios del acceso a estos beneficios, lo que James y la Federación Hispana estiman es una violación de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
La fiscal sostuvo que la negación de esa asistencia a los puertorriqueños es una forma de discriminación y de trato injusto que más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses están experimentando actualmente solo porque viven en la isla.
“Apoyamos esta lucha en la Corte Suprema porque todos los estadounidenses merecen el derecho a la misma protección ante la ley, sin importar dónde vivan. Es hora de que el Gobierno federal ayude a garantizar que ningún estadounidense se quede atrás”, sostuvo.
En septiembre, James, como parte de una coalición de 18 fiscales generales, presentó un escrito contra Vaello-Madero en el que se instaba a la Corte Suprema a rechazar los continuos esfuerzos del Gobierno federal para discriminar a los territorios estadounidenses de Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Samoa Americana.
En el escrito, la coalición de procuradores generales argumenta que el precedente legal sostiene que el Congreso debe tener más de una razón para tratar una región del país de manera diferente a otra, y que el Congreso ni siquiera ha sido consistente con su comportamiento porque ha incluido algunos territorios en programas de beneficios excluyendo a otros.
La Federación Hispana también continuará presionando a la Administración de Joe Biden para que tome medidas directas para poner fin a la discriminación contra Puerto Rico.
“Si bien reconocemos los importantes esfuerzos de la Administración Biden para incluir EL SSI para Puerto Rico en la propuesta de legislación “Build Back Better” (reconstruir un mundo mejor), no podemos continuar dejando los derechos de los puertorriqueños a los caprichos del Congreso”, afirmó Miranda.
“Esta discriminación injusta contra Puerto Rico en EL SSI y otros programas federales tiene sus raíces en los precedentes descaradamente racistas de la Corte Suprema determinados hace más de un siglo”, sostuvo el presidente de la Federación Hispana.
“La oportunidad es ahora para que el presidente Biden y la Corte Suprema finalmente corrijan este error con un nuevo precedente legal que deja en claro que negar injustamente a cualquier estadounidense sus plenos derechos es inconstitucional e indefendible”, aseveró.
